El juez Sebastián Casanello, que lleva adelante la investigación por la enorme estafa de los seguros, ordenó nuevas medidas de prueba en tres organismos clave: Cancillería, la ex AFIP, y Fabricaciones Militares, además de llamar a indagatoria a 39 personas, entre ellas el concejal “massista” de Quilmes, Federíco D´Angelo.

Casanello quiere saber quién dio la orden de contratar a los productores de seguros, que oficiaban de intermediarios entre las dependencias oficiales y Nación Seguros. En la mayoría de los organismos se encontraron notas firmadas por funcionarios de segunda línea.

El juez quiere todas las actuaciones internas que derivaron en la selección y designación de productores, asesores de seguros, organizadores y/o masters en la contratación de pólizas de seguro. Eso incluye expedientes administrativos, mails o cualquier documento digital. También pidió un listado de los seguros contratados por cada organismo, los datos de los productores, y las fechas de las pólizas.

Para el juez el caso más emblemático es el de Federico D’Angelo, ex director del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES; que se desempeña en Quilmes como concejal de Unión por la Patria.

El edil que responde a Sergio Massa ha firmado de puño y letra; y enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE), notas designando a las empresas San Ignacio y TG Brokers como organizador y productores de los seguros para el oprganismo previsional.

Los contratos con los intermediarios derivaron en comisiones millonarias para un puñado de empresas. Solo el amigo de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, y sus “satélites” cobraron $2.297.820.134, casi el 60 por ciento de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.