La diputada provincial María Ángel Sotolano presentó un proyecto de ley para crear un sistema integrado de información sobre niñas, niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, respaldada tras una reunión con autoridades de UNICEF Argentina, busca generar datos confiables y compatibles con estándares internacionales para diseñar políticas públicas basadas en evidencia y detectar de manera temprana situaciones de vulneración de derechos

Sotolano mantuvo una reunión en la sede de UNICEF Argentina con Carolina Aulicino, Oficial de Políticas Sociales, y Magalí Lamfir, del Área de Protección y Acceso a la Justicia de la Institución. Durante el encuentro se destacó la importancia de contar con sistemas integrados de información para las infancias, alineados con los estándares internacionales que promueve UNICEF. La organización subraya que las políticas públicas para niñas, niños y adolescentes deben basarse en evidencia y datos confiables, oportunos y desagregados.

La iniciativa busca dotar a la Provincia de una herramienta permanente que permita producir información de calidad, compatible con los indicadores que UNICEF ya utiliza en áreas como pobreza infantil, educación, salud, violencia y protección social. «La reunión con UNICEF Argentina fue sumamente enriquecedora. Coincidimos en que los derechos de niñas, niños y adolescentes sólo pueden garantizarse eficazmente si el Estado dispone de información integrada. Nuestro proyecto busca justamente dotar a la Provincia de una herramienta permanente que produzca datos de calidad, compatibles con los estándares internacionales que UNICEF promueve. De esta manera, podremos diseñar políticas públicas basadas en evidencias y detectar tempranamente situaciones de vulneración de derechos”, afirmó Sotolano.

UNICEF impulsa a nivel global los Child Rights Monitoring Systems, que permiten reunir datos dispersos y construir indicadores. En este marco, se planteó la posibilidad de solicitar cooperación técnica para fortalecer el diseño del sistema provincial. La iniciativa apunta a garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sólo puedan ser protegidos eficazmente si el Estado dispone de información integrada y útil para la toma de decisiones.