Ya han pasado más de tres años desde que se conocieran las denuncias sobre el escándalo inmobiliario del country “Hudson Park” y las víctimas exigen que se avance en la causa, como así también se tomen medidas para evitar nuevas maniobras delictivas; aunque chocan con un juez y un fiscal permeable a los designios del poder político local, que desde siempre fue sospechado de formar parte de la maniobra.

Los damnificados han vuelto a manifestar su preocupación por la falta de avances en la investigación penal que busca esclarecer una de las mayores estafas registradas en la zona.

A través de sus abogados, los damnificados han solicitado con urgencia que la fiscalía N.º 2 de Berazategui -a cargo del Christian Granados– adopte medidas concretas para evitar la impunidad de los responsables y frenar la continuidad de la sobreventa ilegal de lotes. Tampoco lo hace el juez de Garantías, Gustavo Alejandro Mora; pese al reclamo de los patrocinantes.

Según los denunciantes, la causa lleva más de 1.275 días sin avances significativos, y los imputados aún no han sido llamados a declarar.

En contraste, otras fiscalías del mismo Departamento Judicial han tramitado con celeridad expedientes similares, logrando resultados tales como embargos, procesamientos y prohibiciones de salida del país.

Investigaciones paralelas con resultados opuestos

Uno de los puntos que genera mayor indignación entre las víctimas es la disparidad en el tratamiento del caso. Mientras que en otras dependencias judiciales, como la UFI N° 7 de Quilmes, la causa avanzó rápidamente con medidas concretas, la investigación a cargo del Granados permanece estancada.

Además, la investigación federal sobre el lavado de activos, que se tramita en el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Luis Armella, ha recabado una cantidad significativa de pruebas que, según los denunciantes, podrían ser utilizadas para agilizar la causa principal. Sin embargo, denuncian que estas pruebas han sido «ignoradas olímpicamente» por la fiscalía de Berazategui.

En “Hudson Park” tiene su lujoso (y caro) chalet el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; una vivienda “a todo trapo” que le construyo Dario Silvero Cuenca. El mismo empresario contratado por el municipio para realizar el moderno edificio comunal, la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y hasta la colectora que circunda el barrio privado para conectarlo con la autovía.

Silvero Cuenca y Mussi han sido mencionados en la causa y -cuando se desató el escándalo- hubo en el Concejo Deliberante varios pedidos de informes, proyectos de Resolución y otras iniciativas requiriendo el esclarecimiento de todas estas “coincidencias” que todavía esperan respuesta por parte de Mussi y su séquito.

Cabe señalar que tanto Granados como Mora fueron “patrocinados” por Mussi, en esta rara costumbre que rige en la provincia donde el verdadero jefe del Consejo de la Magistratura es el intendente local.

Un terreno sin ley: denuncian que los estafadores siguen operando

Uno de los puntos más alarmantes señalados en la presentación de los abogados es que los mismos responsables de la presunta estafa continúan comercializando lotes dentro del barrio privado, sin que haya consecuencias legales.

«Es como el lejano Oeste, sin Sheriff», señalan los damnificados, al advertir que -pese a las denuncias y a la existencia de medidas cautelares- los imputados siguen operando abiertamente. «Cualquiera puede comprobarlo con una simple búsqueda en plataformas inmobiliarias» (ver https://www.zonaprop.com.ar/inmuebles-venta-hudson-park.html ) se ha señalado en las presentaciones efectuadas que tanto el fiscal como el juez parecen no leer.

Por eso los damnificados no dudan en creer que esta a inacción no responde únicamente a cuestiones operativas, si no que hay otros factores en juego. En Berazategui, el avance de ciertas investigaciones parece depender de dinámicas que trascienden lo estrictamente judicial. No es la primera vez que casos de presunta corrupción o fraude encuentran obstáculos en su tramitación dentro de esta jurisdicción, generando interrogantes sobre posibles redes de influencia que han facilitado durante años el desarrollo de ciertos negocios al margen de la ley.

A su vez, la conexión de algunos de los involucrados con estructuras políticas y empresariales de la zona refuerza la inquietud de los damnificados, que ven en la demora un patrón que se repite en otras causas donde se investigan delitos económicos de gran envergadura.

Pedido urgente de medidas judiciales

Los abogados de los damnificados han solicitado una serie de medidas urgentes, entre ellas:

• Llamar a indagatoria a los presuntos responsables para evitar que la causa prescriba.

• Embargos e inhibiciones generales de bienes para evitar que los imputados dilapiden su patrimonio.

• Congelamiento de cuentas bancarias y bloqueo de activos, en coordinación con el Banco Central.

• Prohibición de salida del país de los implicados para evitar fugas.

• Prohibición de innovar, a fin de impedir la venta de los lotes en disputa.

Asimismo, han advertido que, de persistir la falta de acción por parte de la Fiscalía, recurrirán a la Fiscalía General Departamental y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires para exigir el debido impulso procesal de la causa.

Las víctimas, que llevan años esperando justicia, sostienen que la falta de avances en la investigación está fomentando la impunidad y permitiendo que nuevos damnificados caigan en la misma trampa.