La justicia las investiga por presunto lavado de dinero al dirigente piquetero quilmeño, Martín Bordalejo y a su pareja Paula Goroso, en una causa paralela a la investigación por la fraudulenta compra de guardapolvos a las cooperativas “fantasmas” regenteadas por el ex funcionario Sebastián Raspa.

Según la investigación llevada adelante por el Ministerio de Capital Humano y que forma parte del expediente tramitado por el juez Julian Ercolini; las cooperativas de la banda Raspa-Bordalejo- Goroso “no tenían capacidad para desarrollar el trabajo”

La comprobación de las autoridades determinó que las entidades fantasmas “cobraron la mayor parte del millonario contrato y no entregaron las prendas”.  Una auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a cargo de Marcelo Collomb, descubrió graves irregularidades en su funcionamiento. Por ejemplo, “utilizando su estructura formal, eludieron la normativa vigente para este tipo cooperativo de trabajo, con prácticas que no se condicen con un trabajo en condiciones dignas, vulnerando sus derechos y el trabajo asociado, y para el beneficio exclusivo de ese grupo de personas”.

En otras palabras, tenían a sus trabajadores, que eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en situación de semi esclavitud y hacinamiento.

Según la auditoría entre las entidades afectadas se encuentran la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio, la Cooperativa de Trabajo Solutex y la Cooperativa de Trabajo General Mitre Manos Unidas. Por eso el INAES formalizó su suspensión  a través de las resoluciones INAES 2187/24, 2188/24 y 2173/24, respectivamente.

El estudio destaca “la presidenta de la Cooperativa 15 de Julio, Paula Goroso, está vinculada a Martín Bordalejo, quien ha sido relacionado con sociedades off shore en investigaciones previas” y que tramitan en el juzgado Julián Ercolini.

El juez  convocó a la división de lavado de activos de la Policía Federal Argentina para investigar un presunto caso de lavado de dinero relacionado con la causa “Guardapolvos” en la que están involucradas un total de 33 cooperativas que habrían recibido más de 5.000 millones de pesos del Estado para la confección de más de un millón y medio de esas prendas, pero que habrían entregado menos de la mitad y cobrado el 80% del total del dinero girado por el Estado.

En el centro de la investigación se encuentran la actual diputada Victoria Tolosa Paz , y el ex secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano , ambos son investigados por presunta administración fraudulenta, entre otros delitos.

Entre esos “trabajos” se destacan los que corresponden a las cooperativas, asociaciones civiles y mutuales que, en la gestión de Alberto Fernández, fueron beneficiadas por subsidios por casi 30.000 millones de pesos. Más de un tercio de ese monto fueron girados a cooperativas vinculadas a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) integrada por movimientos sociales de Unión por la Patria, como el Movimiento Evita, MTE, CCC y Barrios de Pie, entre otros. Dirigentes de varias de esas organizaciones ocuparon cargos claves dentro del ex Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, estaban “de los dos lados del mostrador”.

Esas auditorías generaron un flujo constante de documentación que fue aportada a los distintos juzgados que investigan presuntos hechos de corrupción, como la causa “Guardapolvos”.

Según esos reportes, las cooperativas 15 de Julio, Solutex y General Mitre Manos Unidas tenían un elemento en común, en las tres “figura de Mario Figueroa, quien actúa como síndico de las cooperativas Solutex y General Mitre Manos Unidas”. La investigación afirma que “Figueroa, además de ser proveedor o cliente de todas las entidades involucradas, ha sido señalado por emitir facturas apócrifas, lo que ha llevado a que su CUIT esté limitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.

La auditoría del INAES, que fue presentado a la justicia se destaca que “en la práctica y, como se puede apreciar en cada uno de los expedientes, Figueroa parecería actuar como titular del órgano de administración o, podríamos decir, como dueño de las entidades, llegando, inclusive, a hacer referencias al cumplimiento del convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, por parte de Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada, cuando formalmente no es ni autoridad, ni asociado de esa entidad”.

Según el entramado revelado en la causa judicial: “La Cooperativa de Trabajo 15 de Julio contrató el 1º de febrero de 2023, antes de haber firmado el convenio con el ex Ministerio de Desarrollo Social, con Mario Figueroa, devenido posteriormente como Síndico de las Cooperativas de Trabajo Solutex Limitada General Mitre Manos Unidas Limitada -ambas, con posterioridad, proveedoras de la entidad de la referencia-la locación de un inmueble ubicado en la calle Ancaste 3303 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un total de $21.675.000.-los que incluían un mes de garantía y otro de depósito por un total de $3.000.000., que se pagaron en su totalidad en el mes de agosto de 2023, según consta en los recibos remitidos por la entidad, alcanzando un total de $21.675.000.- siendo que el contrato tuvo como fecha de inicio el 1º de febrero de 2023 y de finalización el 31 de enero de 2024 y cuya finalidad habría sido, según se informó, la de producir allí los guardapolvos”.

Los auditores también destacaron que “además, se observa que el pago del primer desembolso del alquiler se transfirió a Mario Figueroa por $ 9.125.000.- y el segundo y el tercero, por valor de $9.900.000.- y 2.650.000.- se transfirió a Cobro Sur S.A., por indicación de Figueroa, de acuerdo con lo que ha informado la Cooperativa, si bien Figueroa emitió recibo por los tres pagos. La actividad declarada ante AFIP de esta sociedad es la de Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia”.

La auditoría termina con la siguiente conclusión: “Por los motivos expuestos, no pareciera que esta contratación fuera necesaria para cumplir el convenio con el ex Ministerio de Desarrollo Social, lo cual sumado a la fecha en que fue realizada y la persona que actúa como locador hace que esta operación se la pueda definir como inusual y no realizada en provecho de la cooperativa”.

En las resoluciones del INAES que suspende las actividades de las cooperativas se precisa: “Esta utilización de las entidades surgiría prima facie como consecuencia del convenio que una de ellas, la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada, firmó con el ex Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para proveer al mismo de 165.000 guardapolvos por un monto total de $ 710.366.250 ya que, a tal efecto, subcontrato a la Cooperativa de Trabajo Solutex Limitada y a la Cooperativa de Trabajo General Mitre Manos Unidas Limitada, actuando la primera de ellas como proveedora de la materia prima (facturación según constancias de EX 2023-87228437-APN-MGESYA#INAES) y la segunda como proveedora del servicio de corte, confección y fabricación de los referidos guardapolvos, esta última a pesar de no poseer dicha actividad en su objeto social”.

Los sumarios también fueron aportados a la causa bajo la dirección del juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo.

Según una auditoría del Ministerio de Capital Humano de los 1.595.000 guardapolvos comprometidos, se entregó menos de la mitad, mientras que las cooperativas han cobrado casi el 80% de los fondos comprometidos.

Las cooperativas bajo sospecha son: Los Pitufos y 15 de Julio de Quilmes, Mariscal Francisco Solano López y Kbrones de La Matanza, y Manos de Berisso. Otras entidades involucradas incluyen Resurgir , Nueva Generación , Nuestra Señora de Fátima , Dos Soles , Textil 13 Rosas , Manos Obreras , Cosiendo Esperanza , Pupore , Blanco País , RBD Textil , Pura Pampa , RelmuanTV , Branca , Texarg , CM , Darío Santillán , Oscar Barrios , Futuro , Del Camino , Martín Fierro , Hilando Pueblos , 25 de Mayo , Confecciones Eigenfeld , Tejiendo Compromiso y Estrella Azul .

La documentación que también aportó la cartera de Pettovello al juzgado describe un presunto “modus operandi fraudulento, donde las cooperativas, muchas sin la capacidad necesaria en maquinaria o personal, presentaron solicitudes de subsidios replicando un modelo del gobierno anterior. En la mayoría de los casos, estas solicitudes se realizaron con fechas posteriores a la obtención de precios de referencia del INTI para los guardapolvos”, lo que ha sido calificado como una “simulación fraudulenta”. El INTI había señalado un costo base para la confección de los guardapolvos que coincidía con los montos solicitados por las cooperativas para sus subsidios.