El fiscal Ariel Rivas de la UFI N° 1 de Quilmes; especializada en delitos de extorsión, defraudación y estafas cometidos en entornos digitales; logró el desmantelamiento de una red criminal dedicada al uso de datos robados de tarjetas de crédito para realizar compras fraudulentas a través de plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de «carding»; una de las formas más frecuentes de fraude digital en entornos de comercio electrónico.

La modalidad delictiva consiste en el uso indebido de datos de tarjetas de crédito o débito obtenidos ilícitamente —a menudo a través de sitios falsos, phishing o brechas de seguridad— para realizar compras sin el consentimiento de sus titulares.

La pesquisa se originó a partir de la denuncia de una comerciante del rubro de instrumentos musicales de la localidad de Berazategui, quien reportó operaciones sospechosas en su comercio ubicado sobre la avenida 14.

Las maniobras, perpetradas entre abril y mayo de 2025, revelaron un patrón de fraude digital sistemático, estimándose un perjuicio total de entre 15 y 20 millones de pesos a distintos comercios.

Las tareas investigativas coordinadas entre la UFI N° 1 y la Policía Bonaerense, permitieron que se llevaran adelante varios allanamientos simultáneos en diversos domicilios, del que resultaron tres sujetos detenidos y cinco personas más imputadas que permanecen bajo investigación

La organización delictiva actuaba bajo una estructura jerárquica con roles diferenciados: compradores digitales, intermediarios y repartidores encargados de retirar los productos adquiridos fraudulentamente. Los imputados utilizaban tarjetas de crédito sustraídas para efectuar compras en línea de alto valor —particularmente instrumentos musicales y equipos electrónicos— y luego coordinaban la entrega a través de plataformas de mensajería.

Entre los casos comprobados se documentó la adquisición de un pack de guitarra eléctrica, amplificador y accesorios por un monto de 1.177.373 pesos, y un intento frustrado de compra de un sintetizador Roland XPS10, valuado en más de 1.280.000 pesos, cuya entrega fue interrumpida por personal policial alertado por el comercio.

Los imputados enfrentan cargos por «asociación ilícitay defraudación mediante el uso de tarjeta sustraída en concurso real con tentativa de estafa»

Pudo saberse que la fiscalía no descarta la ampliación de la causa a delitos informáticos adicionales, conforme se incorporen nuevas pruebas y se identifiquen otras víctimas de la maniobra.